O blog do Siso acolle as reflexións de Miguel Anxo García Alvarez sobre o traslado do Hospital Psiquiátrico de Toén. Debemos agradecer a súa colaboración ao incorporar ao debate suscitado unha mirada dende a bioética. Como ben sabedes, é Psicologo Clínico no CHUS, Presidente do Comité de Ética Asistencial nese complexo hospitalario e, ademais, membro da Comisión Galega de Bioética.
Se confrontan dos alternativas para prestar asistencia a pacientes psiquiátricos que hasta la actualidad son atendidos en un hospital psiquiátrico, y sobre el que se reconocen deficiencias (entre otras) en su habitabilidad. Desde los responsables de la Administración Sanitaria Autonómica se promueve una alternativa asistencial (25 años después de haber comenzado en España la reforma psiquiátrica, todo hay que decirlo) que implicará la atención de los pacientes en un espacio físico-asistencial propio de Hospital General. Sectores de trabajadores/as del hospital psiquiátrico y también del espectro político (incluso en contradicción manifiesta con posturas sostenidas en el pasado reciente) se oponen al traslado asistencial de los pacientes y proponen realizar las reparaciones oportunas para continuar la atención a esos ciudadanos/as en el lugar actual. Los sectores laborales favorables a esta última opción expresan también su preocupación por la modificación de las condiciones de trabajo, y determinados sectores políticos y sindicales cuestionan la intención subyacente al plan de la Administración.
En el debate surgido, los sectores profesionales favorables a la modificación del espacio-lugar asistencial han señalado el carácter antiético de la propuesta de sostenimiento de la actual situación, pero no se ha producido un particular desarrollo de esta valoración (ha de señalarse que es cada vez más frecuente en el análisis social de las más diversas cuestiones la apelación al carácter moral, o ético si gusta más el término, de los actos en una especie de interrogación masiva sobre el origen de la legitimidad de las actuaciones humanas...quizás también es manifestación de una esperanza en la posibilidad de construcción de un discurso coherente que nos oriente en el que hacer entre tanta argumentación de oportunidad y coveniencia).
¿Qué es lo moralmente defendible ante este problema? ¿Por qué?
Evitemos la retórica, en la convicción de que lo ético se defiende y lo antiético o inmoral se oculta...y no pocas veces trás aquella. Es inmoral realizar la atención a ciudadanos/as con enfermedades psiquiátricas (aunque sean crónicas e incapacitantes) en espacios o bajo normas diferentes a las que se usan o rigen para cualquier otro ciudadano/a que necesite atención sanitaria o social.
En el análisis ético de esta cuestión no ha de ser objeto de consideración otra relación social (espacio de existencia de la moralidad) que la que el paciente/ciudadano enfermo mantiene con la Administración Sanitaria y los profesionales que han de responder a sus necesidades. La moralidad o inmoralidad de la relación de la Administración y sus empleados no es relevante en este tema para responder a lo que antes nos preguntábamos (aunque también pueda ser de interés ético en otras discusiones).
Si nos interrogamos sobre lo ético es porque sabemos de la existencia de un comportamiento debido al otro y el origen de ese deber que sentimos se encuentra en sus derechos, de los cuales unos son inalienables en tanto en cuanto ciudadano y otros se crean, en tanto que persona necesitada de cuidados sanitarios, en el encuentro con nosotros/as, profesionales sanitarios (aunque se originen más allá, también en su condición de ciudadano/a, de persona con derecho a la atención sanitaria).
Le debemos pues a esos/as pacientes respeto y satisfacción a sus derechos y ello nos obliga (y no sólo éticamente, también laboral y profesionalmente).
¿Cómo concretar entonces un tratamiento o cuidado sanitario éticamente defendible? Proporcionando el mismo de forma tal que los derechos del ciudadano enfermo sean respetados en grado máximo, ya que cualquier menoscabo en los mismos sólo sería injusto y por ello no debería hacerse. Conviene recordar que la aparente reducción de derechos de las personas que presentan límites en su capacidad para la autodirección, para la actuación responsable de la libertad, sólo es éticamente aceptable si con esa reducción son mejor protegidos sus derechos y los de los otros, sin que ninguna otra razón se defienda moralmente.
Los pacientes de los que aquí hablamos tienen derecho a ser tratados en igualdad con los demás en todo aquello que sea posible, y diferenciadamente en todo aquello que sea necesario (debido a sus necesidades específicas) para mejor satisfacer así ese derecho a la igualdad. Esto es la equidad: el proceso activo en la atención sanitaria constantemente orientado a la reducción de la desigualdad. Esto es lo justo.
El lugar en el que se realiza el tratamiento o atención a las personas, el espacio asistencial en el que se les da el cuidado que les pertenece, quizás parezca ser una cuestión moralmente neutra. Es probable que una clínica traumatológica no evoque más significados que los técnicos. Pero el hospital psiquiátrico no es un espacio asistencial neutro: su historia, la percepción social del mismo, su función social, su marginalidad (incluso geográfica),.., resalta significados y utilidades sociales de exclusión, de diferenciación negativa, de estigmatización, de pérdida cuando no de anulación de derechos de unas personas que definimos en el período histórico actual como necesitadas de atención sanitaria (y ha sido un largo y duro recorrido de progreso el seguido hasta aquí).
Si el paciente psiquiátrico es un ciudadano necesitado de atención sanitaria sólo es moralmente defendible que esa atención la reciba en donde los demás ciudadanos con necesidades sanitarias acceden a su vez a la misma, y sólo es éticamente aceptable la diferenciación en función de la especificidad de su enfermedad.
Este mismo planteamiento es extensible en su totalidad al ámbito de la atención a las necesidades sociales de estos ciudadanos. También aquí sería inaceptable el establecimiento de un espacio diferenciado “a priori” derivado de la condición de paciente psiquiátrico, que transforma de facto sin justificarlo esa característica sanitaria en una identidad, y refleja esa suposición en una forma preestablecida de respuesta a sus necesidades (prejuzgadas, por tanto). Esa generalización de la respuesta, que oculta el prejuicio subyacente por indefendible, hurta al ciudadano enfermo el derecho a ser tratado individualizadamente respetando y cuidando su capacidad posible para la autonomía, preservando al máximo con ello su libertad y su derecho a ser atendido en condiciones de igualdad con los demás.
El “problema” sobre Toén llama la atención sobre el deber de justicia, que aunque adopta diferentes formulaciones en la ética, nos situa siempre ante el deber creado por el derecho del otro.
Pero no es la única preocupación ética que remueve. Otra es tan importante como ella, por constituir su extensión más inaceptable. Si los tratamientos en contextos asilares reducen las posibilidades terapéuticas y de recuperación de la capacidad de los pacientes psiquiátricos (también, o sobre todo, en la dimensión de grados de libertad alcanzables, de autodirección y elección responsable desarrollables), sostener la atención a esas personas en esos espacios nos enfrenta a la actuación profesional dañina, a una de las actuaciones moralmente más inaceptables en los profesionales sanitarios (esa acción constituye el prototipo de lo radicalmente injusto en la relación con el otro).
Ante lo que está en discusión pueden argumentarse muchas razones en diferentes planos: podría hablarse de lo política o sindicalmente conveniente, de las intenciones ocultas de la Administración en esta actuación, de los motivos personales o profesionales de unos u otros, de la insuficiencia de los recursos sanitarios generales para atender adecuadamente a los ciudadanos pacientes psiquiátricos de Toén,... Son discusiones legítimas, útiles también, pero no clarifican nada sobre lo que está bien, lo que debe hacerse (que no sobre lo conveniente a hacer). Esas discusiones eluden, aparentando considerarla, la cuestión central: los derechos de las personas sobre las que parece movilizarse la preocupación, sobre las que parece discutirse.
Un último apunte: no por más antigua la injusticia lo es menos, no por insuficiente empeño de la Administración en el desarrollo de la acción buena la situación mala que se pretende corregir es menos mala, no son las intenciones y motivos los que hacen el acto mejor éticamente ya que sólo importa en esta dimensión la acción con el otro.
La injusticia permanente pareciera tener un poderoso efecto anestésico. Su quietud la acaba convirtiendo en invisible. Hasta que un día se mueve y entonces nos asombramos de nuestra propia ceguera, de cuanta inmoralidad soportamos, de cuanto mal reproducimos.
Han transcurrido más de treinta años desde el inicio de los movimientos profesionales que cuestionaron la marginación de los pacientes psiquiátricos, de aquellas acciones valerosas que protagonizaron personas que, sin paralizarse por complejidades técnicas e intelectuales, vieron lo más importante, sintieron que la realidad era inaceptable (lo que conocemos como sentimiento ético) y fundamentaron la razón principal de su exigencia de reforma psiquiátrica en la necesidad de acabar con la vulneración de los derechos humanos de la que eran objeto los enfermos psiquiátricos.
Hoy aún continuamos en ello.
